Por
Facundo Di Cuollo y Paula Daporta para Lo Menos Pensado.
Cuerpos
que importan. Cuerpos que valen la pena. Cuerpos invisibilizados. Cuerpos
funcionales. Cuerpos indeseables.
Los
discursos políticos hegemónicos parecerían no tener intenciones de innovarse. Frente
a situaciones de conflictividad social, se ponen en juego recursos utilizados
en momentos similares. Instados y reactualizados, los mecanismos que se activan
no son casuales.
Tiempo
atrás, ni bien entrada la gestión “Cambiemos”, se apuntó a la estigmatización
de la inmigración limítrofe, esta vez desde los cargos económicos que generan
en nuestras universidades públicas. Argumentos sin sustento teórico ni datos
certeros, se articulaban en discursos mediáticos cargados de prejuicios.
Sabíamos
que sucedería. Tarde o temprano. Vendrían discursivamente también por los pibes
y sus cuerpos.
En
primera instancia, nos posicionaremos desde lo discursivo de la cuestión, para sí luego dar cuenta de una materialidad
que ya aborda trágicamente esos cuerpos: los cuerpos de los pibes en los
barrios. Como punta del iceberg que se hace visible a partir de los medios de
comunicación, recorremos la búsqueda de solución a futuro en las consecuencias de la
intemperie provocada por políticas excluyentes en el pasado.
El
motivo de la avanzada -en esta oportunidad- fue el caso de Brian, el “niño” de
15 asesinado por el “El Brian” de 16 en el Barrio de Flores, el pasado 24 de
diciembre (el trato discursivo hacia los dos Brians merece un artículo aparte).
Imposible
negar el dolor que nos provoca la violencia que implica esa muerte. Mucho menos
invisibilizar el pedido de justicia de la familia. Pero más allá, hay mucho. Que
en los barrios es un más acá. Que implica también vidas y cuerpos, pero que en
estos casos poco importan.
Sabemos
(no es novedad) que hay vidas que valen más que otras. Vidas que existen y
vidas que no. En el plano simbólico, pero también en el material. En nuestras
condiciones reales de existencia y en cómo ellas se reproducen en otros planos,
mediáticos o de viralización en las redes sociales.
Poco
importa la vida del adulto joven, de “El Brian”. Poco importa su trayectoria,
su derrotero social. Solo importa el suceso final y de público conocimiento que
lo transforma tan solo en un cuerpo que molesta, en una vida que no importa.
Con la que no sabe qué hacerse.
Claro
está: Si “El Brian” fuera mayor de 18 años, la discusión mediática rondaría sobre
las aristas de la pena de muerte. Pero no. “El Brian” es un pibe. Y eso jode más,
porque la cuestión pasa sobre cómo volver digerible la certeza de que no se
sabe qué hacer con la situación, o más bien de que poco les importa a los
sectores de poder que nos gobiernan.
Diversos análisis críticos nos dan cuenta de la falta de consistencia en los proyectos que sostienen la necesidad de la baja en la edad de imputabilidad. No es que desconfiemos de las “nobles” intenciones de nuestra dirigencia política con claros intereses de clase. Sostenemos que estos mecanismos penales criminalizan y estigmatizan a los sectores menos favorecidos en términos económicos.
Diversos análisis críticos nos dan cuenta de la falta de consistencia en los proyectos que sostienen la necesidad de la baja en la edad de imputabilidad. No es que desconfiemos de las “nobles” intenciones de nuestra dirigencia política con claros intereses de clase. Sostenemos que estos mecanismos penales criminalizan y estigmatizan a los sectores menos favorecidos en términos económicos.
Si
la consigna “Ningún pibe nace chorro” no dice nada para algunos, tal vez sí lo
hagan los datos duros de los que tanto gustan ciertos sectores sociales. Recientemente,
Martin
Granovsky, en una nota para Página 12,
deconstruyó estadísticas brindadas por el Consejo de la Magistratura del Poder
de La Nación en su informe sobre homicidios ocurridos durante el año 2014. El
nombre del articulo es elocuente: “Casi no hay chicos que matan”.
“(…) la sociedad no
puede mejorar bajando la edad por el simple hecho de que los delitos graves
cometidos por la franja de entre 16 y 14 años no pasan del cinco por ciento del
total”[1]
Si la lectura ideológica crítica al sistema sobre la
necesidad de la modificación del sistema punitivo no es suficiente, las
estadísticas nos hablan de una respuesta que poco abarca la problemática de
manera integral.
La cuestión no estaría pasando por la
preocupación de qué hacer con los pibes en extrema situación de vulnerabilidad
social que terminan delinquiendo. La cuestión pasa por dar una solución rápida
que contenga la indignación social vociferada incansablemente desde los mass media y los
portadores periodísticos del discurso hegemónico. Pero los números hablan por sí solos. Por más
que dicha “solución” fuera exitosa, solo se podría ir contra un 5% de los
delitos graves.
En este sentido,
bajar la edad de imputabilidad, generaría a su vez una nueva caza de brujas que legitimaría mayor
presencia de seguridad. Presencia que por demás ya ha demostrado poca
eficiencia en sus objetivos fundacionales. Analizando
la cuestión desde la propia óptica de los sectores de poder, ni siquiera la
sobre-estimulación del monopolio de la coacción física estaría funcionando. Las
Naciones Unidas “recomiendan” 300 policías cada 100.000 habitantes. En
Argentina, elevamos el promedio a 500/100.000 h. (Esto sin mencionar prefectos,
ni gendarmes, ni la situación especifica de la Ciudad de Buenos Aires con la
presencia de la nueva policía que elevaría esta relación a 852 agentes de seguridad
cada 100.000 habitantes).
En resumidas
cuentas, se interpela negativamente a los cuerpos de los pibes como chivos
expiatorios desde un llamado a un mayor control social en un contexto de ajuste
que se da en paralelo con el desmantelamiento de proyectos educativos y de
contención social. (Podría pensarse
conceptualmente la reflexividad de dicha cuestión en lo que Rodolfo Walsh
denominó en el marco de su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”
como la gestión eficiente de una “miseria planificada”)
Al menos en principio, nos estamos moviendo
coyunturalmente en un plano discursivo. De aquí a que se llegue a la baja de la
imputabilidad, sucederán miles de debates televisivos, discusiones en redes
sociales y es esperable un debate parlamentario. Es decir, de aquí a que se
convierta en una realidad fáctica, nos seguiremos moviendo en un campo de lucha
pseudo argumentativa. Sin embargo, lo que pretendemos desde aquí visibilizar es
que mientras esto sucede al reactivarse la discusión, otras cosas vienen
sucediendo con y en estos cuerpos que molestan.
Si hay cuerpos (vidas) que no importan, sería
coherente que la muerte de esos cuerpos carezcan de relevancia social –
mediática. En un punto, hay determinadas muertes que se convierten hasta en
deseables. El decir “Uno Menos” cuando cae un “pibe chorro” se vuelve el dicho
que esto materializa.
En este complejo escenario sociopolítico, los
cuerpos de la franja marginal sub-16 parecerían debatirse entre otro camino más
que se abre a su vertiginoso andar. El gatillo fácil[2]
ya los tiene marcados, como hoy los medios masivos de comunicación.
La
Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra
los siguientes datos en cuanto a personas asesinadas por el aparato represivo
estatal en el último año:
“La gestión inaugurada el 10/12/2015, ha superado, antes
de cumplir un año, las expectativas más negativas. Con 241 casos en 2016, más
18 entre el 11 y el 31 de diciembre, el gobierno de Cambiemos totaliza 259
casos, a los que habrá que sumar los que se produzcan en lo que queda del año,
y los que todavía no hemos llegado a conocer (es habitual que los datos de un
25% o más de los casos del año en curso nos lleguen después del fin de año).” [3]
En
esta línea, CORREPI sostiene que las dos modalidades más frecuentes de la
represión policial orientada al control social son: los fusilamientos de
gatillo fácil (46% ) y las muertes de personas detenidas (39%).
Si ponemos en diálogo – tensión la
discusión por la baja en la edad de imputabilidad judicial de los menores y
sopesamos la cantidad de casos registrados de ilícitos por esta franja etaria en
contraste con las estadísticas por edad de las víctimas de violencia institucional,
concluimos en esto que venimos mencionando. Discursivamente, hay cuerpos que no
importan. Fácticamente, hay muertes deseables e invisibilidades, salvo pocas
excepciones donde la lucha de familiares y amigos logra romper el cerco
mediático:
“El 51% de los casos en los que se conoce la edad exacta
o aproximada de la víctima, corresponde a personas de 25 años o menos.
El 49% de los crímenes corresponde al segmento de entre
15 y 25 años. Si se suman los de menos de 35, se llega al 86% del total, aún
cuando en un 10% de los casos se ignora la edad exacta.”[4]
La muerte
no del todo aleatoria como forma de eliminar a los “otros”. Otros que son
jóvenes y marginales. Otros que tienen un reconocimiento legal, pero que aún
continúan en un ámbito de no reconocimiento que deviene en precariedad de la
vida y claramente en cuerpos que no importan más que en notas de color o como
actantes concluyentes en el proceso de “estigmatización”. Un otro que ya no es el subversivo de los ‘70. Es un otro que
amenaza y subvierte al orden con su sola presencia, ya sea por miedos
justificados por la inseguridad, por temores de clase o por una inclusión
social que siempre es a medias y no se sabe nunca cómo volver totalidad.
La imprevisibilidad ante la muerte no
implica una falta de configuración de procesos sociales de producción de
muertes. Hay una lógica que se repite en forma constante. El primer paso es la
estigmatización a través de la construcción de estereotipos y prejuicios.
Seguido esto -casi inadvertidamente- por un aislamiento de aquellos a quienes
se pretende negativizar desde la subjetividad. Aquí no hablamos de la
conformación de ghettos, aunque territorialmente podemos hablar de una
segregación espacial. Hablamos de la anulación de redes que permitan saltar
profecías autocumplidas de pobreza – delincuencia. Proyectos educativos de
diversa naturaleza que no tienen que ver exclusivamente con la dimensión
escolar. A esta construcción puede o no llegar la desaparición física y su
correspondiente justificación (“el que mata tiene que morir” o el ya mencionado
“uno menos”). Hay muertes que se justifican. Muertes amoralmente deseables.
Finalmente, se producirá la
invisibilización de los casos con la complicidad de los medios hegemónicos de
comunicación.
El proceso de construcción –
deconstrucción de estos otros cuerpos y vidas, no puede entenderse por fuera de
este círculo. Se apunta solo a profundizar la estigmatización de los pibes de
zonas marginales sosteniendo discursivamente algo que ya sabemos, y que los
pibes mismos saben. La violencia institucional en general y el gatillo fácil en
particular los condena constantemente. La marginalidad los marca de entrada.
Los debates por la baja en la edad de imputabilidad judicial los interpela
desde la negatividad de lo que se cree
que son, en momentos coyunturales específicos.
Los pibes son entonces los “perejiles”
de este sistema que los condena a muerte.
¿Se los va a seguir haciendo cargo de
la totalidad del espectro de delitos graves de los cuales no participan más que
en una ínfima proporción? ¿Seguirán siendo la excusa y el chivo expiatorio para
militarizar los barrios con los diferentes colores de las diversas fuerzas de
seguridad que no hacen más que ensuciar la cancha y alimentar constantemente la
infatigable maquinaria de represión social?
En suma: Si
durante el curso del mismo año se registra un joven muerto cada menos de treinta
horas a manos de la policía y fuerzas de seguridad[5];
y, en cambio, los
delitos graves cometidos durante ese mismo año por la franja etaria de entre 16
y 14 años no pasan del cinco por ciento del total de casos y sólo cinco de esos
casos concluyen en homicidios intencionales[6],
(en un marco de proyección de una presencia de agentes de seguridad un 200%
mayor a lo que se recomienda por parte de organismos internacionales) ¿no
deberíamos entonces –en un victorioso exceso de racionalidad- proponernos una
reformulación de la óptica ideológica mediante la cual analizamos la violencia
social y su lógica de causa/consecuencia?
¿No
deberíamos, tal vez, comprender que el reclamo de “mayor seguridad” instaurado
a lo bonzo desde los medios masivos de comunicación utilizando la gorrita del
“pibe chorro” como nefasto símbolo paradigmático, sólo nos genera socialmente
un síndrome de Estocolmo del cual resulta cada vez más difícil escapar, y que
se alimenta compulsivamente con cada nueva oleada de hordas policiales que ese
reclamo de “mayor seguridad” justifica y consolida?
No, mejor no.
Encontramos al perejil. Que ya lo
teníamos ahí, siempre a nuestra disposición en el agite mediático de cada día.
Total, ¿quién va a llorar por ellos?
¿Qué costo político y moral vamos a pagar?
Ellos lo saben. Los pibes también. Y
eso vuelve más vulnerable la cuestión:
Hay cuerpos que no importan. Hay muertes
deseables.
Nota Editorial
para el programa radial “Lo Menos Pensado”.
(Lunes de 21 a
24 hs por www.radiobarbarie.com.ar)
Por Facundo Di Cuollo
y Paula Daporta.
[2] La
expresión «gatillo fácil» fue acuñada por diversos organismos de
DDHH, principalmente
por la CORREPI y
alude concretamente a una ejecución extrajudicial.
Las
organizaciones de DDHH comprenden en la expresión a toda muerte o daño
grave
provocado por un uniformado en forma ilegal, se utilice en el mismo armas de
fuego o no. «La
pena de muerte extrajudicial aplicada por verdugo de uniforme»,
tal es el nombre formal del gatillo
fácil. Tiene
una función distinta que la represión
dictatorial. Se trata de efectuar una represión preventiva destinada a un
control social más que al castigo
de faltas o infracciones a la ley, y para ello el Estado moderno
faculta a la
policía y a otras agencias de seguridad. (En “Un discurso para el gatillo fácil” de
Gabriel Sarfati)
[3] CORREPI, Recopilación de casos de
personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2016: http://correpi.lahaine.org/?p=1847
[4] Correpi,
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del
estado 1983/2016: http://correpi.lahaine.org/?p=1847
[5] CORREPI, Recopilación de casos de personas asesinadas por el
aparato represivo del estado 1983/2016: http://correpi.lahaine.org/?p=1588
[6] Consejo de la Magistratura, Informe sobre homicidios, 2014: http://consejomagistratura.gov.ar/images/stories/Homicidios-2014.pdf
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